QUITO — Si bien el desempleo en Ecuador disminuyó significativamente en el último año, el aumento de la informalidad es lo más llamativo de las estadísticas laborales presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) este viernes, pues pasó de 53,1% en enero de 2022 a 55% en enero de 2023. Asimismo, en diciembre pasado se había ubicado en 53,4%.
Esta es la tasa más elevada de informalidad registrada en los últimos 16 años.
El empleo en el sector informal se define operativamente como el conjunto de personas que trabajan en unidades productivas de menos de 100 trabajadores que no tienen Registro Único de Contribuyentes (RUC). Mientras que el empleo en el sector formal se define como las personas que trabajan en establecimientos con RUC.
Mejora el desempleo
El desempleo pasó de 5,4% en enero de 2022 a 3,8% en enero de 2023, es decir 1,6 puntos porcentuales menos, una diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir que 136.975 personas dejaron la desocupación en este periodo.
Al desagregar por área, la tasa de desempleo fue de 4,9% para el área urbana, mientras que para el área rural fue de 1,5%.
Subempleo cae, pero su informalidad no
Asimismo, el subempleo registró una caída importante en el último año, pues pasó de 22,6% a inicios de 2022 a 19,3% en enero de este año. Dentro del subempleo se ubican las personas con empleo que perciben ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos.
Pero lo que más llama la atención es que del total de subempleados, 74,7% trabaja en el sector informal, mientras que apenas 20,9% lo hace en el formal, algo que no ocurre en la categoría de empleo adecuado, donde 79,1% de empleados son formales y apenas 16,5% informales.
¿Qué se califica como informal?
La Organización Internacional del Trabajo define al sector informal como un conjunto de unidades que producen bienes o servicios principalmente con la finalidad de crear empleos e ingresos para las personas involucradas. Estas unidades, que tienen un bajo nivel de organización, operan a pequeña escala y de manera específica, con poca o ninguna división entre el trabajo y el capital como factores de producción.
Además, las relaciones de empleo – cuando existen – “se basan sobre todo en el empleo ocasional, los parentescos o las relaciones personales y sociales más que en acuerdos contractuales que implican garantías en buena y debida forma”. Se las define como empresas de hogares, es decir, “como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad”.
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.
Es decir, quienes trabajan en este régimen no cuentan, por ejemplo, con seguridad social ni ningún respaldo normativo que les asegure beneficios de ley.
Pero el empleo en el sector informal se puede entender desde dos visiones:
La visión legal, que considera a la informalidad como una actividad marginal e ilegal.
La visión económica que reconoce que existe incapacidad de generar suficientes plazas formales de empleo.
¿Por qué es perjudicial el empleo informal?
En su estudio Análisis del sector informal y discusiones sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales en el Ecuador, la Cepal explica que a pesar de que la informalidad podría permitir la generación de ingresos en los trabajadores, también invisibiliza el reconocimiento de los derechos laborales.
Además que los trabajadores informales generalmente no cuentan con la protección social necesaria frente a los diversos riesgos como: accidentes laborales, seguro de desempleo, pobreza en la vejez, entre otros.
Asimismo, estos empleados pierden beneficios tales como licencias de maternidad y paternidad, vacaciones obligatorias y por enfermedad, etc. “La informalidad también representa un costo para el Estado, ya que deja de percibir ingresos tributarios (impuestos, contribución social, entre otros) que podrían utilizarse para mayor cobertura de la seguridad social, la productividad y el crecimiento en el país”.
Disparadores de la informalidad
La propia Cepal detalla los que han sido los disparadores de la economía informal en el Ecuador. Entre los principales se encuentra el ajuste fiscal del Estado, que ha derivado en mayor austeridad interna y, por lo tanto, en desvinculaciones de funcionarios públicos.
Otra de las explicaciones es la migración, sobre todo la del campo a la ciudad, pero también la migración venezolana que “implica un impacto significativo para el mercado laboral en la región”.
El tercer disparador es la rigidez de la normativa. Entre 2008 y 2011 se incrementó la rigidez laboral en el Ecuador debido a las reformas al Código de Trabajo. En el 2008, la Asamblea Constituyente prohibió todo tipo de contratación laboral “precaria”, definiendo como tal a la tercerización, la intermediación y la contratación por horas.
Varios grupos empresariales han manifestado que la eliminación del trabajo de horas ha sido perjudicial para sus sectores y que las modalidades de contrato que existen actualmente no se ajustan a sus necesidades. Esto ha generado desincentivos para la contratación de trabajadores en el sector formal dado que resulta costoso para los empleadores.
Y aunque se han flexibilizado algunas normas, la mayoría siguen siendo rígidas.